La decisión de la Justicia provincial de beneficiar con la detención domiciliaria por cuestiones de salud a Marcelo Bernardo Alderete, uno de los imputados por el crimen del productor rural José "Pepe" Porcel, generó un profundo malestar en el campo tucumano.
La Sociedad Rural de Tucumán (SRT) se hizo eco de la medida, dada a conocer por la querella, y emitió un duro comunicado contra las autoridades por la crítica situación de inseguridad que afronta el sector en particular, y la provincia en general.
"Las retenciones, las decisiones arbitrarias, la usurpación de tierras, el intento de confiscación de la propiedad privada y, en definitiva, la absoluta falta de políticas agropecuarias nacionales se suman a un listado interminable de conflictos", comienza el texto. Y advierte: "hoy, en el Día del Productor Agropecuario, no tenemos nada para festejar".
"La triste noticia es que uno de los acusados por el crimen del productor agropecuario Jorge Porcel fue beneficiado con la prisión domiciliaria nos indigna como ciudadanos", consignó la entidad.
Y dejó en claro su rechazo hacia la medida. "La Justicia siempre tiene argumentos para beneficiar a los delincuentes", aseveró la SRT.
"Una vez más, sentimos que fueron en vano los reclamos y las múltiples reuniones que hemos mantenido para exigir seguridad en las zonas rurales y en toda nuestra provincia. El diálogo con una Justicia sorda y con un Estado que no da respuestas es inviable", reprocharon desde la entidad rural.
Además, demandaron a las autoridades que "cumplan con su obligación constitucional de protegernos".
Porcel fue asesinado el 26 de junio en la Ramada de Abajo (Burruyacu) por un grupo de asaltantes. Por este hecho, la fiscal de Homicidios, Adriana Giannoni, había solicitado la prisión preventiva para José Ramón Rojas, Antonio Ismael Sánchez, Juan Alfredo Acosta y Marcelo Bernardo Alderete. Este último, según la querella, fue beneficiado con el arresto domiciliario por supuestas razones de salud.